Legalidad (neo)liberal chilena: ni tan pareja, ni tan dura

11 de febrero de 2011 - 05:28

Esta semana se conoció el acuerdo entre la Fiscalía y la defensa de cinco de los siete imputados por revelar y/o utilizar información privilegiada en la fallida fusión que años atrás se intentó entre Falabella-D&S (los otros dos son MARÍA LUISA SOLARI y MARCEL ZAROUR). Se trata de PETER STUDER, VICENTE ARESTI, ALEJANDRO IRARRÁZABAL y EUGENIO EBEN (por “delito consumado de uso de información privilegiada”), y ANA MARÍA LAGUNA (por “delito consumado de revelación de información privilegiada”).

La defensa de los citados cinco violadores de la ley logró una salida alternativa al proceso penal: “Bajo esta fórmula, los imputados no aceptan los hechos, no son sometidos a un proceso penal y no se deja registro en sus antecedentes, si cumplen tres condiciones: primero, fijar su domicilio; segundo, realizar una firma mensual; y tercero, efectuar una donación benéfica como compensación a la sociedad” (El Mercurio, 08.02.11).

Un proceso administrativo anterior de la Superintendencia de Valores y Seguros ya los había multado con altas cifras de dinero. No obstante, el proceso penal es de un cariz diferente y de mucha mayor importancia. De donde el acuerdo entre la Fiscalía (representante del Estado, el pueblo o el “soberano”) y la defensa de los imputados, toma un cariz de una gravedad que en general parece haber sido pasada por alto en la sociedad (neo)liberal chilena.

En términos simples el proyecto liberal persigue la supremacía de la autonomía individual, la cual en la búsqueda de objetivos personales conseguiría al mismo tiempo beneficios sociales. Estos se lograrían por un ajuste o equilibrio automático de esas diversas y numerosas autonomías, el cual se posibilita SÓLO si no se las interviene. Para la consecución de dicho fin y a la vez en tanto escenario que lo hace posible, se desarrolla la idea de un “orden [económico, social y político] espontáneo” como propusiera Adam Smith en el siglo XVIII y que Friedrich Hayek reitera con el mismo concepto en el XX. A la fecha la representación dominante de tal concepción es la del mercado autorregulado. Pero los sistemas autorregulados son concebidos incluso antes de Smith (es el caso del republicanismo de John Locke en el siglo XVII) y son comunes entre los ilustrados.

El Liberalismo necesita materializar primero y preservar luego la autonomía individual: resguardarla de intervenciones y/o violaciones al equilibrio autosustentado a que da a lugar. En otras palabras, la propia existencia y reproducción de una sociedad liberal requiere que se mantenga el “orden espontáneo”, sostenido en un marco legal promulgado por el soberano o pueblo a través del legislativo. Quien viola ese marco, como diría Locke, se hace enemigo natural de los demás y merece que le caiga todo el peso de la ley.

En dicha lógica liberal y respecto a las violaciones a la ley, hay algunas que por su gravedad el Estado no puede dejarlas en manos de los privados. Su duro reproche legal es tan evidentemente indispensable para la existencia de la propia sociedad, que la justicia PENAL (no la civil) se encarga de ellos. Dentro de esas gravísimas violaciones, que conllevan penas de privación de libertad, está el uso de información privilegiada.

La amenaza que aquel delito representa radica en que entrega ventajas —ilegítimas e ilegales— a ciertos individuos por encima de los demás competidores en un libre mercado. Se pierde así la igualdad primaria y básica que debería existir en el ámbito económico, el más relevante de una sociedad liberal. Tal crimen termina siendo una amenaza al equilibrio del propio sistema. Es una distorsión que podría llevar a un devastador efecto dominó en el mercado y por ende en la sociedad toda (además de la acumulación de poder económico, que daría lugar a acumulación de poder político, en unas pocas manos). Es decir, es uno de los actos más antisociales que se puedan perpetrar en una sociedad (neo)liberal... como la nuestra.

Mas, ya se indicó, al Estado (neo)liberal chileno ese crimen, aunque de carácter penal, no le parecería tan grave. Lo mismo que con otras trasgresiones que violan el sacrosanto libre mercado (concentración económica o concertación de precios por ejemplo), las penas son bajas. Y lo son a pesar de tratarse de delitos que implican ganar ilegalmente cifras millonarias y perjudicar a la inmensa mayoría de la ciudadanía. En el caso Falabella-D&S la privación de libertad no hubiera ido más allá de los cinco años… De hecho, ese fue uno de los argumentos sostenidos para llegar a un acuerdo con los imputados.

Pero aquí se cree que en realidad lo más relevante, desde el punto de vista (neo)liberal que hoy domina Chile, es que esos crímenes atentan contra el mismísimo corazón teórico-práctico del sistema de mercado autorregulado… ¡El que no es resguardo debidamente por sus propios incondicionales!

Esa incoherencia queda aún más de manifiesto cuando se la compara con las penas estipuladas para otros crímenes; como es el caso de los distintos tipos de robo. Lo extremadamente delicado es que al hacer ese ejercicio comparativo, la ciudadanía puede sacar dos conclusiones inapelables: en Chile por lejos es mejor violar la ley que acatarla y por lejos es mejor delinquir a lo grande que andarse con lanzazos, cogoteos, cuentos del tío y otras ordinarieces por el estilo. La singular legislación (neo)liberal chilena deja abierta la puerta ancha a la insociabilidad… Locke, ¡sacúdete en tu cripta!

Además, a esa extraña legalidad (neo)liberal, debe sumarse la extendida y aceptada cultura clasista nacional. Pues, para nadie es un misterio que en Chile no todos somos iguales ante la ley, ni ante los ojos de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Mientras los crímenes de los delincuentes de “cuello y corbata” quedan en una especie de limbo o pseudoimpunidad, algo muy diferente ocurre con los perpetrados por los delincuentes “comunes”. Ningún cogotero, lanza o mechero lograría el acuerdo de lujo al que llegaron los ejecutivos de una “irreprochable conducta anterior” citados: no se les permitiría quedarse con el 90% de un botín, ni que sus papeles de antecedentes quedaran inmaculados.

Claramente ese clasismo ha implicado que la majadería de TODA la clase política por la seguridad ciudadana, NUNCA se haya enfocado en esas asociaciones ilícitas de altos ejecutivos y/o grandes empresarios que consiguen millones fuera de la ley… Mismo clasismo que de seguro haría incomparable la espantosa muerte de delincuentes comunes quemados vivos, con una hipotética calcinación de reos VIP.

Chile es tan clasista y desigual que hasta en el delito los pobres se la llevan peor, mucho peor en lo legal.

Así las cosas, al final se puede especular que: 1. No hay liberales en Chile; 2. Los neoliberales no tienen idea de la ideología que deberían sostener y defender; 3. A los neoliberales les acomoda una legalidad que dé manga ancha a sus manejos turbios... E incluso se podría agregar una cuarta reflexión: con penas más duras para castigar el uso de información privilegiada hoy no tendríamos presidente.

Tenía toda la razón Violeta Parra cuando cantaba que en estas tierras el “refinado ladrón” actúa “a la sombra de las leyes”.

Legalidad (neo)liberal chilena: ni tan pareja, ni tan dura

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